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La Agenda Setting: Por Jorge A. Leyva: Internet: la proliferación de los delitos informáticos

jorge leyva

La suplantación y el robo de identidad representan el 68 por ciento de los delitos cibernéticos; el fraude 17 por ciento de los ataques, mientras que los hackeos el 15 por ciento. Estas cifras colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica. Nuestro país es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos: siete de cada diez usuarios.

El tema es importante porque en México, de diciembre del 2012 a enero del 2015, se recibieron treinta mil reportes telefónicos ligados con delitos cibernéticos, de los cuales 53 por ciento fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26 por ciento contra ámbitos académicos y 21 por ciento contra sector privado o empresarios. La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del Partido de la Revolución Democrática en un documento explica que México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, y que tan sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a tres mil millones de dólares y con justa razón pregunta: ¿Donde está la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal? Que son las dependencias que deberían informar sobre los resultados obtenidos en materia de seguridad cibernética.

A nivel internacional existe el denominado Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185), es que una convención sobre delitos informáticos, un acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación en la materia, derecho penal, procesal y cooperación internacional, y trata con carácter de prioritario el establecimiento de una política penal contra este delito virtual. México no es miembro de esa convención y por lo tanto existe falta de coordinación con las naciones líderes en el combate a los ciberdelitos, estando México entre los países con mayor incidencia delictiva en Internet. ¡Vaya incongruencia!

No se trata de regular el Internet, sino de crear leyes específicas respecto del uso del ciberespacio y homologar la tipificación de los delitos cibernéticos. Hoy por hoy nuestro país está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean perpetradas desde fuera del territorio nacional dado el vacío legal que existe. Ahí está la denominada Darknet, una colección de redes y tecnologías usadas para compartir información y contenidos digitales distribuida en distintos nodos y que trata de preservar el anonimato de las identidades de quienes intercambian dicha información y no necesariamente información mala, pero que por su mismo anonimato es vía libre para la transferencia de información inalcanzable para el público general, donde los motores de búsqueda no suelen buscar pero donde se comparten archivos que violan derechos de autor, se soportan actividades terroristas, actividades pederastas, publicaciones de información secreta sobre organizaciones legales, servicios secretos o grandes empresas comerciales, incluso de organizaciones criminales. El tema no es menor.

Si en México las autoridades no empiezan por aceptar que la cooperación internacional permite fortalecer las capacidades de investigación y mejorar las estructuras institucionales para generar políticas de avanzada en materia de seguridad informática, los criminales cibernéticos seguirán libremente operando y la incidencia creciendo. ¿Y las autoridades del Gobierno Federal? Bien gracias.

Así es Canito tienes razón, según datos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, más de cien millones de pesos en los últimos cuatro años han pagado 16 gobiernos estatales y dependencias federales en México a la empresa italiana Hacking Team, que se promueve como empresa de ciberseguridad vendiendo software malicioso en decenas de países en el mundo. Nuestra nación sería el cliente número uno arriba de países como Rusia, Sudán o Egipto. Esta empresa privada vende mundialmente un software conocido como Da Vinci, que permite extraer todo tipo de información, incluso hasta registrar los botones que se oprimen en un teclado en teléfonos celulares. ¿Quienes o para que están usando este tipo de herramientas para intervenciones o vigilancias ilegales? Les comparto nuestro correo electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @JorgeLeyva_

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